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Por unas empresas y actividades económicas con mayor desarrollo de los Derechos Humanos y reparación para las víctimas


Por unas empresas y actividades económicas con mayor desarrollo de los Derechos Humanos y reparación para las víctimas
01-10-2017 España
Las organizaciones eclesiales españolas REDES, CONFER, Cáritas, Justicia y Paz y Manos Unidas creen que el nuevo Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos necesita abogar más por los derechos de los más excluidos del mundo frente a las grandes empresas.
El Gobierno español aprobó el pasado 28 de julio el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que aplica en el ámbito de España los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos humanos. España se ha convertido así en el decimocuarto país en aprobar un plan de este tipo.

El proceso de elaboración del Plan se inició a principios de 2013. Desde el Gobierno se recalcó que el Plan apoyaba a las empresas que ya habían integrado los Principios Rectores en su estrategia empresarial, a la vez que sensibilizaban a las que todavía no habían completado ese proceso, prestando una particular atención a las pequeñas y medianas empresas. Se trataría, por tanto, de un Plan con vocación de sensibilización y de promoción de los derechos humanos entre los actores empresariales, públicos y privados.

¿Pero estas buenas intenciones iniciales, se han cumplido? Respuesta a esta pregunta han dado recientemente las organizaciones de la Iglesia Católica en España reunidas en la campaña Enlázate por la Justicia: la coordinadora REDES para las ONGDs de inspiración católica; la confederación de religiosos, CONFER; o algunas de las mayores organizaciones solidarias no ya de ámbito eclesial, sino social: Cáritas, Justicia y Paz, Manos Unidas.

Esta decisión gubernamental que, a pesar de algunas deficiencias, califican estas entidades de positiva, se ha reelaborado en su redacción final sin ninguna participación de la sociedad civil y sin conocimiento previo del texto hasta su aprobación en el Consejo de Ministros.

La defensa activa de los Derechos Humanos, la promoción del desarrollo y la protección del medio ambiente deben estar en la médula de políticas públicas realmente orientadas hacia la erradicación de la pobreza.

Es necesario fijar el deber del Estado de proteger estos derechos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y garantizar el acceso a mecanismos de reparación para las víctimas.

Desde estas entidades se pide que las empresas españolas, sus filiales, proveedores, subcontratistas y cadenas de suministros respeten siempre y en todo lugar los Derechos Humanos.

Además es necesario que reparen los daños causados cuando no se respetan. De manera más concreta, este plan debería ser más completo; según estas entidades a las que pertenece la Familia Agustino-Recoleta y la ONGD Haren Alde, las deficiencias más importantes son:

— Falta protección especial para las comunidades y pueblos indígenas, ancestrales y afrodescendientes. Ellos viven de manera muy especial, especialmente en cuanto a la explotación de recursos, la injerencia de grandes compañías, algunas de ellas europeas y españolas.

— Mayor desarrollo del principio de la debida diligencia, es decir, determinar qué información necesita una empresa para comprender y minimizar sus riesgos relacionados con los derechos humanos.

— Promover y conseguir que la Unión Europea sea un marco de referencia en cuanto al respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas.

— Mayor equilibrio y realismo para que los mecanismos de reparación sean realmente efectivos.

Falta de presupuesto para el Plan de manera que es casi imposible su viabilidad y puesta en práctica real, fuera del papel.

— Falta de compromiso real para que el Gobierno de España presione a para que la Unión Europea se adhiera al Tratado de Transnacionales, que propone normas vinculantes con mecanismos de prevención, sanción y reparación a víctimas de violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales.


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